Carta abierta a la clase política

José Segura

Rubitv.cat explicaba hace unos días que 'el 15% de los niños de la comarca viven en situación de pobreza' (veure notícia). Es una noticia que, por su especial significado, merece una reflexión profunda y un buen puñado de preguntas.

La reflexión parece evidente, ¿cómo es posible que estando en el pleno ejercicio de una democracia, regida por una Constitución que establece unos principios de igualdad y solidaridad, puedan suceder estas cosas? Es obvio que suceden estas y otras muchas, especialmente en asuntos sociales (sanidad, educación tercera edad, dependencia, memoria histórica, etc.), pero vamos a centrarnos en esta. ¿Debemos admitir como inevitable que un sector de la infancia (15%) esté en riesgo de pobreza? ¿somos conscientes de las consecuencias que va a tener en el futuro de esta población? Parece claro que esta situación va a influir de forma negativa en el desarrollo físico e intelectual de este colectivo. E, inevitablemente, volvemos a lo de siempre, las clases más favorecidas tendrán más y mejores oportunidades.

Y, en cuanto a las preguntas, se me ocurren muchas, pero hay una que me parece especialmente relevante. Además de incluir, todos los partidos políticos sin excepción, los temas sociales en sus programas electorales, ¿hacen de verdad algo por ellos? Resulta evidente que no, pasadas las elecciones todo vuelve a la "normalidad", es decir, se olvidan totalmente de tan importantes cuestiones.

Todo lo anterior puede parece exagerado y derrotista, pero, y volviendo a las preguntas, ya que estamos en el tiempo de la llamada "transparencia política" ¿porque no se nos informa a los ciudadanos de la cantidad resultante que ahorraríamos y podríamos destinar a fines sociales si se suprimiesen determinados estamentos públicos?, como por ejemplo los Consejos Comarcales, las Diputaciones Provinciales (clarísima duplicidad con los Gobiernos Autónomos), el Senado, el Consejo de Estado, el Consejo Económico y Social, etc. etc.

Y, ¿Por qué no? Redistribuir la división territorial municipal con el fin de agrupar ayuntamientos para rebajar la burocracia, y, como consecuencia, reducir el gasto. Otra magnifica medida estaría en la redacción de la LOREG (Ley Orgánica de Régimen Electoral General) que en su art.179 establece el número de concejalías en función de la población. En municipios de 50.000 a 100.000 habitantes son 25 concejales ¿de verdad puede creerse que en ciudades como Rubí y similares hacen falta 25 regidores? Seguramente con 10 sería suficiente.

Si contamos la agrupación de municipios y limitamos el número de concejales en todos ellos, y lo extrapolamos a todo el territorio nacional, la cifra resultante daría para solucionar o, al menos, paliar muchas situaciones.

Claro que se me puede argumentar en sentido contrario; bien y con los miles de empleados/as que quedarían en la calle ¿qué hacemos? Hay una actividad que se llama economía productiva que podría absorber a una gran parte. Quiero decir que hay que abandonar aquello de que "inventen ellos" y dedicar recursos a la investigación en lugar de permitir la huida de personas a las que hemos pagado buena parte de su formación. Es cuestión de poner voluntad y ganas en el alivio de los problemas.

Yo, desde este modesto escrito, ruego encarecidamente a los políticos que puedan leerlo que me respondan con sus opiniones y con alguna idea tendente a encauzar todas las dificultades sociales que, en estos momentos, atenazan a la sociedad más débil. Eso sí, sin acritud y de "buen rollo", y si alguien se decide a responder, por favor, que deje de lado la dogmática y la metafísica y se ciña a la realidad. Gracias.

José Segura